LEA TAMBIÉN
Minutos después del desastre, el sistema automático USGS PAGER emitió una alerta que estimó un 42 % de probabilidad de que el número de víctimas mortales se ubicara entre 10.000 y 100.000 personas. Al 12 de julio de 2026, las cifras oficiales reportaban 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas damnificadas que habían perdido su vivienda.
Hasta este 23 de julio, el balance oficial asciende a 5.398 fallecidos.
La evaluación técnica elaborada por Transparencia Venezuela identifica una profunda brecha entre la respuesta desplegada por el Gobierno y los estándares internacionales para la atención de emergencias de esta magnitud. El estudio compara además el desempeño venezolano con el de países que enfrentaron terremotos de características similares, como Turquía (2023), Japón (2011), Haití (2010), Chile (2010) y China (2008).
La principal conclusión del informe es contundente: la limitada respuesta operativa no se explica por la magnitud del terremoto, sino por el deterioro institucional que ya existía antes del desastre.
Vista aérea de daños tras el doble terremoto en Caraballeda, estado de La Guaira (Venezuela). Foto: AFP
El desastre del Estado ocurrió mucho antes del sismo
Durante las primeras 24 horas, consideradas críticas para salvar vidas, el Estado venezolano movilizó apenas 4.000 funcionarios civiles y militares, equivalentes al 12,6 % del máximo despliegue alcanzado posteriormente.
El despliegue más alto, de 31.837 efectivos, solo se alcanzó el día 18 de la emergencia (12 de julio), dos semanas después de que concluyera la «ventana dorada» de 72 horas en la que se concentra la mayor probabilidad de rescatar personas con vida.
Como referencia, Chile desplegó el 71,4 % de sus efectivos durante las primeras 48 horas tras el terremoto de 2010.
Además, el informe sostiene que la capacidad nacional para realizar labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas fue prácticamente inexistente. De las 19.861 personas que sobrevivieron en La Guaira, la inmensa mayoría logró ponerse a salvo por sus propios medios o gracias a rescates realizados por vecinos y equipos locales durante las primeras 48 horas.
Las labores técnicas especializadas recayeron principalmente en 67 equipos internacionales USAR, integrados por 2.431 rescatistas procedentes de 29 países.
LEA TAMBIÉN
El conteo oficial de 856 edificaciones afectadas (190 colapsadas) se encuentra severamente desfasado respecto a toda evaluación independiente: el servicio europeo Copernicus identificó 1.054 edificios destruidos o dañados; los modelos de inteligencia artificial de Microsoft AI for Good detectaron 10.510 estructuras afectadas; y el proxy de radar de la NASA/JPL proyecta hasta 58.870 edificaciones dañadas.
Además, plataformas ciudadanas independientes contabilizan entre 46.000 y 54.000 búsquedas de personas no localizadas.
Venezuela abordó la catástrofe registrando una puntuación de 10 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025) —ubicándose por debajo de Haití (16)— a pesar de ostentar las mayores reservas petroleras del planeta.
Su red hospitalaria operaba al 40% de capacidad quirúrgica antes del desastre y la red de monitoreo sísmico (Funvisis) llegó al terremoto reducida de 300 estaciones a solo 4 operativas.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Foto: Archivo X: @delcyrodriguezv
Contexto y evaluación de daños
El doblete sísmico liberó una energía radiada equivalente a un único evento de magnitud 7,6. Aunque la falla rompió entre Yaracuy y Carabobo, la amplificación por efectos de sitio y la vulnerabilidad urbana concentraron la mayor destrucción en la franja costera de La Guaira y en el valle de Caracas.
En La Guaira, el vocero oficial Jorge Rodríguez situó en 30.000 las personas presentes en la “zona de desastre”. No obstante, el estudio de ANOVA Policy Research junto con Microsoft AI for Good demostró que, solo en siete parroquias de La Guaira, 73.524 personas (18,2 % de la población) habitaban en estructuras con algún grado de daño y 37.611 personas (1 de cada 10 habitantes) estaban en edificios con daño severo o colapso.
La sola cifra de habitantes en estructuras destruidas o con daño severo excede la población total que el Gobierno calculó para la zona crítica.
En las pérdidas directas rápidas se estima US$ 4.700 y 8.700 millones (6% a 7% del PIB) centradas únicamente en viviendas y activos económicos.
LEA TAMBIÉN
En las pérdidas directas rápidas se estiman entre US$ 4.700 y US$ 8.700 millones (6 % a 7 % del PIB), centradas únicamente en viviendas y activos económicos.
Pérdidas integrales: estimadas en US$ 37.000 millones (US$ 24.000 millones en edificaciones y US$ 13.000 millones en infraestructura crítica de energía, telecomunicaciones, agua, transporte y gas), representando un evento sísmico con un período de retorno de 180 años.
Balance humano y contradicciones
El seguimiento de las cifras oficiales de víctimas evidencia contradicciones y variaciones que, según el informe, dificultan establecer con precisión el impacto humano del desastre. Uno de los casos más llamativos es la diferencia de más de 10.000 personas cuyo destino no ha sido explicado públicamente.
Sin embargo, al comparar esas cifras con el total de personas presentes, quedan 10.139 sin una explicación oficial. Esa diferencia contrasta con los 2.000 fallecidos que el Gobierno reconocía para esa misma fecha.
El informe señala que esta brecha coincide, además, con el anuncio realizado por el coordinador humanitario de la ONU, Gianluca Rampolla, sobre la adquisición urgente de 10.000 bolsas para cadáveres.
Integrantes de Usar Caldas hicieron parte de las labores de rescate. Foto: Usar Caldas
Colapso de la ventana dorada
El análisis de los 6.461 rescates registrados en La Guaira muestra que la mayor parte de las personas con vida fue encontrada antes de que llegara la respuesta especializada del Estado y de la comunidad internacional.
24 y 25 de junio (días 0 y 1): se realizaron 5.380 rescates, equivalentes al 83,3 % del total. Estas labores fueron ejecutadas principalmente por vecinos y personal local, que actuaron sin maquinaria pesada ni equipos especializados.
26 de junio (día 2): se registraron 731 rescates. Al finalizar la jornada arribaron los primeros equipos internacionales procedentes de El Salvador (300 rescatistas), México y República Dominicana.
27 de junio (día 3): se realizaron 345 rescates.
Del 28 de junio al 2 de julio (días 4 al 8): únicamente se lograron seis rescates adicionales. Para entonces, el contingente internacional ya se encontraba plenamente desplegado, con 67 equipos USAR, 2.431 rescatistas y 188 perros especializados. No obstante, las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros prácticamente se habían agotado tras el cierre de la llamada “ventana dorada” de 72 horas.
LEA TAMBIÉN
Capacidad nacional y ayuda internacional
En materia de búsqueda y rescate urbano (USAR), el informe sostiene que Venezuela no cuenta con un registro oficial de especialistas certificados ni con una capacidad demostrada para responder a una emergencia de esta magnitud.
Como consecuencia, la atención en esta área dependió casi por completo del apoyo internacional, materializado en el despliegue de 67 equipos procedentes de 29 países, con un total de 2.431 rescatistas y 188 perros especializados.
En cuanto a la infraestructura sanitaria, el documento señala que la red pública ya se encontraba en estado de colapso antes del terremoto. Hospitales como el Vargas y el Seguro Social operaban con graves deficiencias, entre ellas la falta de suministro continuo de agua y energía eléctrica.
Para compensar esas limitaciones, la cooperación internacional aportó unidades médicas móviles de alta complejidad. Entre ellas destacan los dos módulos BHISHM enviados por la India en el marco de la Operación Amistad, así como la asistencia de Estados Unidos a través de Samaritan’s Purse, que desplegó dos quirófanos y una unidad de cuidados intensivos (UCI).
En el ámbito económico, el Estado anunció un fondo inicial de reconstrucción por 200 millones de dólares. Paralelamente, la comunidad internacional y distintos organismos multilaterales comprometieron recursos por 781 millones de dólares. Dentro de ese monto sobresalen los 386 millones aportados por Estados Unidos, los 15 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU (CERF) y los recursos anunciados por otros donantes.
Hasta este 23 de julio, el balance oficial asciende a 5.398 fallecidos. Foto: @juanfotosadn
Transparencia y corrupción
El informe sostiene que la corrupción no fue la causa inmediata de la lentitud en las labores de rescate, pero sí una condición estructural que, durante años, debilitó la capacidad operativa del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud.
Como indicador de ese deterioro institucional, recuerda que Venezuela obtuvo apenas 10 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025), ocupando el puesto 180 de 182 países evaluados y ubicándose por debajo de Haití (16), Siria (15) y Turquía (31).
El documento también destaca el estado en que se encontraban los servicios públicos antes del terremoto.
Hospitales inoperativos antes del sismo. La Encuesta Nacional de Hospitales (2024) reveló que, antes del desastre, el 60 % de los hospitales carecía de suministro continuo de agua, el 74 % registraba desabastecimiento de insumos para quirófanos y solo cuatro de cada diez quirófanos estaban operativos.
Desmantelamiento de Funvisis. El informe señala que la red nacional de monitoreo sísmico fue reducida progresivamente, pasando de 300 estaciones a apenas cuatro operativas al momento del doble terremoto, lo que impidió contar con un sistema efectivo de alerta temprana.
Asimismo, advierte que la experiencia internacional demuestra que los mayores riesgos de corrupción no suelen producirse durante la fase de emergencia, sino en los dos a cuatro años posteriores, cuando comienza la adjudicación de contratos para la reconstrucción de infraestructura.
En ese contexto, el informe alerta que, frente a pérdidas estimadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en 37.000 millones de dólares y ante la flexibilización de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) entre junio y octubre, el mayor riesgo de malversación de recursos públicos e internacionales destinados a La Guaira y Caracas aún está por comenzar.
LEA TAMBIÉN
El informe concluye que la respuesta tardía del Estado venezolano no fue consecuencia exclusiva de la magnitud del terremoto, sino del progresivo desmantelamiento de las instituciones técnicas, sanitarias y de protección civil ocurrido durante los años previos al desastre.
Por ello, plantea como prioridades reconstruir la red de monitoreo sísmico de Funvisis, certificar equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR) bajo los estándares internacionales INSARAG y establecer un protocolo transparente para la gestión del riesgo y la atención de futuras emergencias.
Finalmente, recomienda crear un comité independiente, con participación de la sociedad civil, encargado de supervisar la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas e infraestructura en la franja central del país.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN – Corresponsal de EL TIEMPO – Caracas
